UGT Andalucía apuesta por el consenso social para aprobar la necesaria Ley del Ciclo Integral del Agua en Andalucía

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 1993 una resolución para que el 22 de marzo de cada año fuera declarado Día Mundial del Agua, pero la celebración este año será el 20 de marzo. Se convierte así este día en una oportunidad para reflexionar sobre la realidad del agua a nivel global.

Este año ha sido declarado por Naciones Unidas “Año Internacional del Saneamiento”, siendo el objetivo del milenio: “reducir a la mitad el número de personas que carecen de agua apta para el consumo para el año 2015”. Garantizar el acceso a servicios de saneamiento y agua potable son elementos clave para erradicar la pobreza y mejorar las condiciones de desarrollo de los más desfavorecidos. No sólo crece la necesidad de agua para suministrar los servicios básicos de saneamiento a unos 2.6 millones de personas en PAíses en vías de desarrollo, sino que también aumenta la demanda de agua para producir energía, para la industria y el abastecimiento urbano del mundo desarrollado.

En UGT-A creemos necesario un modelo de planificación hidrológica moderno y racional, en consonancia con las políticas de la Unión Europea. La nueva cultura del agua implica que el modelo hidráulico impulse la cohesión social y territorial y dé paso a la eficiencia y el ahorro, la subsidiariedad y la participación en la gestión, un modelo basado en el ciclo integral, con un reparto más equitativo y eficiente, y protegiendo al mismo tiempo su calidad y su abastecimiento. Éstos son los retos planteados desde la Directiva Marco de Aguas.

El agua es un derecho fundamental que conlleva responsabilidad por parte de toda la sociedad. Por ello, resulta esencial el acceso a la información y la implicación de los agentes y organizaciones sociales, especialmente en los nuevos órganos de participación, tales como los entes supramunicipales de gestión contemplados en la próxima Ley de Gestión del Ciclo Integral del Agua de uso urbano y medidas de fiscalidad del agua en Andalucía.

Éste es el cuarto año consecutivo de sequía en nuestro PAís y la reserva media de los embalses se encuentra, según datos del Ministerio de Medio Ambiente, al 44% de su capacidad. El regadío se restringe para intentar evitar cortes de agua para el consumo humano y nos enfrentamos a la temporada más seca desde mediados del siglo XX en el este y sur del PAís. Por eso, a pesar de los avances en la pasada legislatura en política de agua es necesario que el nuevo Gobierno asegure la buena gobernabilidad de los recursos hídricos y aborde, de forma inminente, la necesaria reforma de la Ley de Aguas contando con la participación social.

En Andalucía, concretamente, los embalses de las Cuencas Mediterránea y Atlántica se encuentran al 29% y 40,13% de su capacidad, respectivamente. (Datos de la Agencia Andaluza del Agua, a 17 de marzo de 2008)

Por tanto, en nuestra región, se hace igualmente imprescindible el avance normativo, con la aprobación de la nueva Ley de Gestión del Ciclo Integral del Agua en Andalucía, caracterizada por un complejo proceso en búsqueda del consenso, dada la multitud de intereses enfrentados en la gestión del recurso.

UGT valora la reorientación que en materia de política de agua se llevó a cabo durante la pasada legislatura, porque estableció una gestión más integrada de los recursos hídricos, mediante la aplicación de tecnologías de desalación, mejorando las infraestructuras de regadíos y realizando campañas de sensibilización para un uso más racional del agua.

Sin embargo, a pesar de los avances, incidimos en la necesidad de que el Gobierno aborde de manera inminente la reforma de la Ley de Aguas para completar la integración de la Directiva Marco del Agua en la legislación y planificación hidrológica española, así como a nivel regional mediante la aprobación de la Ley del Ciclo Integral del Agua de uso urbano y medidas fiscales en Andalucía, como garantía de:

  • Calidad ecológica del agua y su función ambiental
  • La recuperación de los costes, coherente con la cohesión social y territorial
  • Transparencia y fortalecimiento de la participación pública en la gestión del agua.

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